Mancerópolis

El que muy pronto será ex Distrito Federal se ve agobiado por un cúmulo de males, anomalías, irregularidades, abusos y negocios bajo la mesa que con visión más bien mercantil impulsan alegremente sus gobernantes. No es nueva la visión patrimonialista de quienes llegan a cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal), lo novedoso es que han dejado atrás la hipocresía para instalarse en el cinismo, al fin que en el reino de la impunidad nadie paga por los platos rotos.

En una ciudad que se reclama democrática y progresista, salen de tono los ucases con los que se imponen corredores, obras viales, usos de suelo y reglamentos, sin mediación, sin consulta y sin, por lo menos, el derecho al pataleo, es decir, sin mecanismos reales de defensa de los ciudadanos. Quizá lo que se pretende es fundar el consorcio CDMX SA.

El caso del nuevo reglamento de tránsito es ilustrativo al respecto.

Aunque el jefe de Gobierno lo niega, en el contrato SSP/BE/S/312/2015, que no se sometió a licitación y que fue firmado por Erica Yahaira Leija Macías, oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, mismo que tiene vigencia del 15 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se estipula que la empresa Autotraffic deberá cumplir con un mínimo de 150 mil multas mensuales, un promedio de 5 mil diarias. Esto significa que, al término del contrato, se habrán impuesto, al menos, 23 millones 730 mil sanciones.

Hay infracciones, como la prevista para quien utiliza un teléfono móvil mientras conduce, que se elevó hasta 700 por ciento, o la prevista para quien exceda el límite de velocidad, de casi 400 por ciento de incremento, por cierto, es un misterio cómo se estableció en las vialidades el límite de velocidad, que va de los 20 a los 80 kilómetros por hora.

Si tomamos como parámetro el promedio de las multas derivadas de las infracciones más comunes, éste sería de 2 mil 98 pesos 50 centavos, si esto se multiplica por las 150 mil multas mensuales, la recaudación llega a 314 millones 775 mil pesos cada mes y 3 mil 777 millones 300 mil pesos al año, lo que al término del contrato, si sumamos las sanciones de la segunda quincena de diciembre de 2015, cuando el reglamento entró en vigor, da un total de 7 mil 711 millones 987 mil 500 pesos.

Nada mal como ingreso extra para la ciudad, sólo que en el mismo contrato se estipula que la empresa Autotraffic, a la que se le otorgó la concesión, se quedará con 46 por ciento de ese monto, es decir, si continuamos con el mismo cálculo: 3 mil 547 millones 514 mil 250 pesos.

Al parecer, el empeño del doctor Mancera por desvincular la indexación del salario mínimo del cobro de multas y derechos tenía un destino ahora claro, toda vez que no se corresponde el incremento del mínimo salarial, que fue de 4.2 por ciento, equivalente a 2.94 pesos, con el aumento de hasta 700 por ciento en las multas del nuevo reglamento de tránsito de la capital. Argumentan que la desmesura de las multas será un factor disuasivo para la comisión de infracciones, eso está por verse.

Son sanciones ejemplarizantes por su dureza en una ciudad donde, paradójicamente, hasta un ciego puede tener una licencia simple de conducir con sólo pagar por ella.

Sería de esperar, además, que las sanciones no tengan excepción, como lo que sucede ahora con el transporte urbano concesionado, cuyos conductores se comportan como si fueran los dueños de la ciudad e imponen su ley de manera atrabiliaria, inclusive frente a los agentes de tránsito, sin que nadie ose siquiera llamarles la atención, también veremos si esto se cumple.

Eso no significa que se deba rechazar en todo el reglamento, de hecho, muchos de sus artículos contienen normas más que atendibles, que de haberse consensuado es probable que hubieran tenido la aprobación mayoritaria de la población, sólo que el ucase cayó como rayo del cielo, castigo sin consulta, sin orientación, sin acompañamiento ciudadano.

Ante estos datos, habría que preguntar varias cuestiones:

Por ejemplo, ¿hubo consulta y se recabó consenso entre la población afectada? No.

¿Hay un parangón entre el aumento en el monto de las multas y el incremento al salario? No.

¿Se licitó la asignación del contrato? No.

¿Se sabe el destino que dará el gobierno capitalino a los recursos recaudados por las multas? No.

¿Hay algún mecanismo previsto para encauzar las inconformidades de los conductores ante las sanciones? No.

Habría que tener presente que durante las crisis se multiplica considerablemente la intolerancia ante los abusos de los políticos. No parece que las autoridades del hasta ahora Distrito Federal tengan esto en mente.

PD.- Corre el gracejo de que más que engordar su cochinito, el jefe de Gobierno alimenta una piara