Mancerópolis / 2

Me ha llamado la atención que la entrega anterior de este blog suscitara dos decenas de comentarios, incluidos varios, provenientes de cuentas falsas, enfocados en ensalzar la labor del doctor Mancera, los cuales fueron denunciados vehementemente por el amable lector Sergio González. Atribuyo la cantidad de comunicaciones, sobre todo, a la preocupación e irritación que el nuevo Reglamento de Tránsito ha causado entre la población.

Otro atento lector, Pablo Gómez, me envió una comunicación que me parece conveniente destacar, porque además de la crítica implícita en su texto, brinda una alternativa al abuso, la cito textualmente:

“Mira Andrés: dice la Constitución, formalmente vigente (art. 21), que las multas a los jornaleros, obreros o trabajadores no pueden ser mayores del importe de su jornal o salario de un día. Se trata de la inmensa mayoría de los multados, los cuales no deberían pagar las multas del reglamento de tránsito sino las definidas en la Carta Magna que para eso es magna. La pregunta es ¿cómo hacer valer esta disposición constitucional? Bueno, tiene que hacerse en el procedimiento administrativo de justicia cívica, creo. Cada vez que un obrero o empleado sea mutado, debe ir a reclamar su derecho constitucional. Son tantos que podríamos abrir un organismo dedicado a este asunto y habría colas. ¿No lo crees? Por lo demás si las multas excesivas en materia penal están prohibidas por la Constitución, en materia administrativa también debería ser así y con mucha mayor razón. ¿O no?”

Además, un número insólito de personas me ha buscado para contarme sus cuitas relacionadas con este malhadado reglamento, he seleccionado tres:

1.- Propietario de un automóvil modelo 1978, un compañero me mostró la multa que le impusieron porque, según afirma la autoridad de tránsito de la capital, su vehículo circulaba en una avenida con semáforos a ¡140 kilómetros por hora! “La voy a enmarcar – me dijo socarrón–, porque es como una hazaña gloriosa para mi viejo coche; además, tal vez me sirva si quiero venderlo, jamás imaginé que con casi cuatro décadas el motor de mi carcacha fuera todavía así de potente”.

2.- Tras conversar durante el traslado sobre el reglamento, el conductor de un taxi me pidió que me fijara en que no llevaba el pie sobre el acelerador y aun así su automóvil circulaba a 30 kilómetros por hora únicamente con el funcionamiento neutro del motor, sólo que esto sucedió en una zona donde los discos marcaban un límite de 20 kilómetros por hora, “¿qué hago, señor, dígame?, ¿circulo con el freno puesto? Esto es una estupidez”, remató.

3.- Realmente indignado, un amigo me relató que la madrugada anterior circulaba con su hijo luego de salir de un hospital donde habían internado de urgencia a un familiar, “estábamos realmente consternados, platicábamos sobre la situación e íbamos a una velocidad moderada cuando el flash de la fotomulta nos alumbró”. Con el propósito de que constatara lo que me narraba, pasó por mí al periódico para que a una hora similar de la madrugada transitáramos por calzada de Tlalpan, donde lo habían fotografiado. Metros adelante de Xotepingo divisamos a un individuo al lado de la cámara para acreditar las multas, me pidió insistentemente que me fijara en el velocímetro, marcaba 60 kilómetros por hora, no bien habíamos rebasado el punto cuando accionó el flash, metros adelante estaba un disco que fijaba el límite de velocidad en 80 kilómetros. Golpeó con furia el volante y me soltó: “Esto no es un reglamento, ¡es un asalto!”

Si en este breve lapso he escuchado sinnúmero de quejas sobre arbitrariedades y he sido testigo de tres, imagino el cúmulo que habrán enfrentado los habitantes de la flamante CDMX SA.

PD.- En un letrero colocado en la parte posterior de un automóvil se leía: “Disculpe que circule a esta velocidad, pero no tengo para pagar la multa”.

Mancerópolis

El que muy pronto será ex Distrito Federal se ve agobiado por un cúmulo de males, anomalías, irregularidades, abusos y negocios bajo la mesa que con visión más bien mercantil impulsan alegremente sus gobernantes. No es nueva la visión patrimonialista de quienes llegan a cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal), lo novedoso es que han dejado atrás la hipocresía para instalarse en el cinismo, al fin que en el reino de la impunidad nadie paga por los platos rotos.

En una ciudad que se reclama democrática y progresista, salen de tono los ucases con los que se imponen corredores, obras viales, usos de suelo y reglamentos, sin mediación, sin consulta y sin, por lo menos, el derecho al pataleo, es decir, sin mecanismos reales de defensa de los ciudadanos. Quizá lo que se pretende es fundar el consorcio CDMX SA.

El caso del nuevo reglamento de tránsito es ilustrativo al respecto.

Aunque el jefe de Gobierno lo niega, en el contrato SSP/BE/S/312/2015, que no se sometió a licitación y que fue firmado por Erica Yahaira Leija Macías, oficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, mismo que tiene vigencia del 15 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se estipula que la empresa Autotraffic deberá cumplir con un mínimo de 150 mil multas mensuales, un promedio de 5 mil diarias. Esto significa que, al término del contrato, se habrán impuesto, al menos, 23 millones 730 mil sanciones.

Hay infracciones, como la prevista para quien utiliza un teléfono móvil mientras conduce, que se elevó hasta 700 por ciento, o la prevista para quien exceda el límite de velocidad, de casi 400 por ciento de incremento, por cierto, es un misterio cómo se estableció en las vialidades el límite de velocidad, que va de los 20 a los 80 kilómetros por hora.

Si tomamos como parámetro el promedio de las multas derivadas de las infracciones más comunes, éste sería de 2 mil 98 pesos 50 centavos, si esto se multiplica por las 150 mil multas mensuales, la recaudación llega a 314 millones 775 mil pesos cada mes y 3 mil 777 millones 300 mil pesos al año, lo que al término del contrato, si sumamos las sanciones de la segunda quincena de diciembre de 2015, cuando el reglamento entró en vigor, da un total de 7 mil 711 millones 987 mil 500 pesos.

Nada mal como ingreso extra para la ciudad, sólo que en el mismo contrato se estipula que la empresa Autotraffic, a la que se le otorgó la concesión, se quedará con 46 por ciento de ese monto, es decir, si continuamos con el mismo cálculo: 3 mil 547 millones 514 mil 250 pesos.

Al parecer, el empeño del doctor Mancera por desvincular la indexación del salario mínimo del cobro de multas y derechos tenía un destino ahora claro, toda vez que no se corresponde el incremento del mínimo salarial, que fue de 4.2 por ciento, equivalente a 2.94 pesos, con el aumento de hasta 700 por ciento en las multas del nuevo reglamento de tránsito de la capital. Argumentan que la desmesura de las multas será un factor disuasivo para la comisión de infracciones, eso está por verse.

Son sanciones ejemplarizantes por su dureza en una ciudad donde, paradójicamente, hasta un ciego puede tener una licencia simple de conducir con sólo pagar por ella.

Sería de esperar, además, que las sanciones no tengan excepción, como lo que sucede ahora con el transporte urbano concesionado, cuyos conductores se comportan como si fueran los dueños de la ciudad e imponen su ley de manera atrabiliaria, inclusive frente a los agentes de tránsito, sin que nadie ose siquiera llamarles la atención, también veremos si esto se cumple.

Eso no significa que se deba rechazar en todo el reglamento, de hecho, muchos de sus artículos contienen normas más que atendibles, que de haberse consensuado es probable que hubieran tenido la aprobación mayoritaria de la población, sólo que el ucase cayó como rayo del cielo, castigo sin consulta, sin orientación, sin acompañamiento ciudadano.

Ante estos datos, habría que preguntar varias cuestiones:

Por ejemplo, ¿hubo consulta y se recabó consenso entre la población afectada? No.

¿Hay un parangón entre el aumento en el monto de las multas y el incremento al salario? No.

¿Se licitó la asignación del contrato? No.

¿Se sabe el destino que dará el gobierno capitalino a los recursos recaudados por las multas? No.

¿Hay algún mecanismo previsto para encauzar las inconformidades de los conductores ante las sanciones? No.

Habría que tener presente que durante las crisis se multiplica considerablemente la intolerancia ante los abusos de los políticos. No parece que las autoridades del hasta ahora Distrito Federal tengan esto en mente.

PD.- Corre el gracejo de que más que engordar su cochinito, el jefe de Gobierno alimenta una piara